Mirada Crítica

Jueces, sacerdotes, sindicalistas, empresarios, gremialistas, profesionales y titulares de ONG evalúan las gestiones de los gobiernos nacional, provincial y de la ciudad de Córdoba.

Luis Dall´Aglio
Titular de la Consultora Delfos



Los diferentes sectores de poder de la provincia de Córdoba son pesimistas respecto a cómo creen que estará la economía de la provincia en los próximos meses, y ven con buenos ojos que el Estado tome medidas más drásticas frente a la conflictividad social existente en estos tiempos, al pronunciarse mayoritariamente a favor de que se pongan límites a las protestas como piquetes y cortes de ruta.

En este sentido, para casi el 60 por ciento de los consultados la economía cordobesa estará mal o regular, fundamentalmente porque la Provincia no puede escapar de la situación de control y sometimiento de sus cuentas a los humores del Gobierno nacional. La otra porción importante la completan quienes muestran una marcada incertidumbre, con lo cual el panorama con el que comienzan el año próximo no es el más alentador.

De hecho, cuando se les pidió que calificaran la situación en la provincia, sólo para el 10 por ciento las condiciones son buenas en Córdoba.

Estos datos surgen de una encuesta realizada entre sacerdotes, periodistas, gremialistas, empresarios, jueces, dirigentes de ONG y profesionales.

En total, se efectuaron 161 entrevistas personales entre abril y noviembre de este año, y fueron seleccionadas al azar.

Según los especialistas, las sociedades conforman su opinión de la siguiente manera: un cinco por ciento por conveniencia, un 20 por ciento por información y un 75 por ciento por percepciones o imágenes que tienen de la realidad.

Este estudio se situó en el segundo grupo (por información) y por lo general se trata de ciudadanos que tienen un importante grado de influencia en el resto de la sociedad.

Progresistas o conservadores. Por otra parte, si el progresismo o el conservadurismo se redujeran solo al reconocimiento de derechos sociales a minorías o reclamos sectoriales, se podría decir que esta porción de cordobeses con algún ejercicio de liderazgo se encuentra en una suerte de cóctel "ideológico" de difícil discernimiento.

En este sentido, la notoria conflictividad social y los problemas de inseguridad que marcaron a la provincia en los últimos meses de 2009 (especialmente de setiembre a los primeros días de diciembre) llevaron a la sociedad a sentirse más desconcertada por las condiciones políticas y sociales que por las económicas.

Este malestar talló en parte en las opiniones de estos sectores, agregando una suerte de intolerancia en algunos puntos concretos.

Al respecto, el 63 por ciento está a favor de bajar la imputabilidad para que los menores de 18 años respondan ante la Justicia; el 58 por ciento se pronunció en contra de la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, y el 80 por ciento, que el Estado limite las protestas sociales.

De todos modos, rechazan ampliamente medidas como el restablecimiento del servicio militar y la pena de muerte.

En cuanto a la idea de ponerles límites a las protestas sociales, los sectores que están en un extremo y otro son empresarios y gremialistas. Para la totalidad de los primeros, el Estado debería intervenir decididamente, mientras que sólo poco más de la mitad de los sindicalistas cree decididamente en una iniciativa que acote los reclamos.

Sí se mostraron a favor de la eliminación del celibato (aunque sólo el 21 por ciento de los curas dijo estar a favor), el casamiento o unión civil entre homosexuales, la despenalización del aborto y fomentar la clonación con fines médicos.

Problemas. Del mismo modo que ocurre con la agenda de la población total, estos sectores están preocupados por la situación económica provincial y la inseguridad, dos aspectos prácticamente excluyentes en las mayoría de las ciudades argentinas.

Otro aspecto que preocupa y que forma parte del paisaje autóctono de la provincia es la dependencia financiera y la pelea con el Gobierno nacional, lo cual, como se observó, condiciona fuertemente las expectativas de cara al futuro.

En el caso de los problemas sectoriales, preocupa transversalmente el atraso de los salarios o la falta de presupuesto; de todos modos, para los empresarios el aumento de impuestos también completa la agenda.

En el caso de los periodistas, el acceso a la información; para los jueces, la falta de autonomía del poder político; para los dirigentes de organizaciones no gubernamentales (ONG), la falta de educación.

A su vez, los integrantes de las organizaciones gremiales, la caída de la actividad productiva; para los profesionales, la falta de legislación; y para los sacerdotes, la educación, la falta de valores y la crisis social.

Gobiernos reprobados.
Los que decididamente no pasaron el examen son las gestiones de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, del gobernador Juan Schiaretti y del intendente Daniel Giacomino. Con matices o intensidades diferentes, los tres niveles de gobierno dejan qué desear en opinión de los sectores de poder de Córdoba.

En cuanto a la gestión nacional, los sectores tienen una alta imagen negativa, siendo los empresarios los que más alta calificación mala le asignaron, seguidos por los profesionales con 60 por ciento, mientras que los dirigentes de las ONG fueron los que menos enojados se mostraron.

Los calificativos negativos se sostienen en la persona de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: resaltan su perfil autoritario, la falta de diálogo y la incapacidad de generar consenso. Aunque en menor medida, también aparecen calificativos como soberbia, mentirosa y corrupta.

Lo positivo se sostiene en la gestión, en el modelo de gobierno, y reconocen que "ha dado avances en la política".

En general, la gestión del gobernador Juan Schiaretti tiene una mejor aceptación entre los distintos sectores al recoger un 40 por ciento de imagen positiva. El sector que mejor califica al Gobierno provincial con un 73 por ciento es el de los profesionales; el resto lo califica de regular.

Cabe destacar que sólo en el caso de las ONG lo negativo tiene un nivel más o menos significativo.

Las distintas opiniones sobre la administración provincial definen que no ven una clara gestión, que le falta resolver problemas y que lo que más complica su situación es el estar condicionado económicamente.

Como positivo, le reconocen que hace lo que puede, que supo evitar la crisis y que trata de mantener el nivel de la provincia.

Con respecto al Gobierno municipal, entre los sectores se observa un marcado malestar.

Cinco de los siete sectores analizados la calificaron de regular al sostener sus argumentos en la gestión y no en la persona del intendente.

Falta de gestión es el concepto más recurrente y sostienen que lo que perjudicó al intendente es el estar condicionado económicamente y también por el sindicato de empleados municipales que conduce Rubén Daniele.